Desde mediados del año pasado, en sesiones extraordinarias, se viene discutiendo en el Congreso la posibilidad de reducir en un 13,5% el impuesto a las nominas de las empresas que contraten personas con sueldos inferiores a los 10 salarios mínimos.
Se sustituiría esta financiación por la del nuevo impuesto para la equidad, llamado Contribución Empresarial para la Equidad; el Gobierno cree que se generarán entre 400 mil y un millón de empleos, los cuales, pueden ser nuevos o pasar del sector informal al formal.
No obstante, es notable la controversia que se suscitó en los diferentes sectores; desde la CGT ( Confederación General del Trabajo) se presenta el ejemplo de si una empresa de 100 trabajadores que produce zapatos y que con la reforma tributaria se ahorrará un 13,5 por ciento del pago de los aportes al SENA, el ICBF y la salud, no necesariamente tendrá que contratar más empleados pues ya tiene una producción definida, con una clientela establecida y un esquema empresarial que funciona adecuadamente.
La CGT cuestiona además que si el enfoque del proyecto de Ley es la generación de empleo, no se entiende por qué no se le consultó a las centrales obreras del país la norma, para que los trabajadores hubieran dado su opinión.
Ante estas dudas, que también persisten al interior del Legislativo, los representantes a la Cámara del Polo Democrático presentaron una propuesta en la que afirman que la reforma en nada resuelve la generación y formalización de empleo al pretender un alivio de la carga parafiscal, por el contrario aumenta las ganancias de los empresarios.
Por otra parte, un informe elaborado en 2010 por la Contraloría General de la República establece que para los contribuyentes que la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) como personas jurídicas, los gastos de la nómina tan sólo representan el 12 por ciento de los ingresos; el 22 por ciento de los costos totales; el 18 por ciento del patrimonio líquido y el 34 por ciento de las deducciones fiscales, con lo cual concluye que los parafiscales no son la causa del desempleo que hay en Colombia y mucho menos llegar a pensar que con la eliminación de los parafiscales se va a reactivar el mercado laboral y alcanzar un tasa de desempleo de un dígito.
El organismo de control también argumenta que los aportes al Bienestar Familiar y Cajas de Compensación representan el 0,6 por ciento de los ingresos, el uno por ciento de sus costos totales, el 0,9 por ciento del patrimonio líquido y el 1,6 por ciento de las deducciones fiscales que realizan las empresas.
Con estos indicadores, añade, se podría colegir que estos aportes no son “la barrera fundamental que tienen los empresarios para generar una nuevas plazas de trabajo, de ahí la necesidad que existe de generar, a partir de los especialistas en el tema, cierto consenso calificado sobre el tema de los parafiscales”.
Y agrega Sandra Morelli, contralora General de la República, que cabe señalar “que las decisiones de aumentar el empleo por parte de los empresarios, dependen de las expectativas de mayores ventas y pedidos, y esto no sólo depende del crecimiento económico, sino de que los salarios se ajusten a la productividad, ya que así se elevaría la demanda agregada y, por ende, el empleo”.
Para el economista Alberto Bernal-León, la reforma es buena y necesaria; además, el experto sostiene que no le preocupa el riesgo de que se disminuya el ingreso del SENA y de Bienestar Familiar.
“Colombia tiene una tasa de impuesto corporativo muy alta. Es necesario cambiar eso para que el país pueda competir mejor con el resto del mundo. Creo que Colombia tendrá más herramientas para que se generen nuevos empleos, en eso confiamos todos”, sostiene Bernal-León.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, afirma que la contratación se hará más viable porque no habrá la barrera tributaria que existe hoy.
En concepto del funcionario, por cuenta de los impuestos a la nómina, las empresas dejaron de contratar empleo formal y se movieron a muchas formas de contratación que lo que hacen es evadir y eludir todas las normas laborales, hay mucho contrato de prestación de servicios, mucho informal y no hay empleo.
“En la medida que se baja el empleo las pequeñas y medianas empresas van a tener la opción de seguir en la informalidad o darse cuenta que entrar a la informalidad ya no es tan costoso, porque ya no hay tantos impuestos“.
A esta defensa se suma el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, quien recuerda que hace unos años se presentaron reformas tributarias apostando por la inversión, con decisiones como la deducción del 40 por ciento en activos fijos, las zonas francas, los contratos de estabilidad, lo que tuvo un costó más de 20 billones de pesos.
“No tiene sentido que el empleo tenga impuestos muy superiores al capital. Para la gente que dice que bajar precios no afecta la demanda, que me explique por qué 20 billones en la disminución del impuestos generaron las tasas de inversión más altas del país. ¿Por qué bajar al 16 por ciento los impuestos a la nómina no va a tener un impacto en el empleo formal, cuando hacer el mismo ejercicio con bienes de capital disparó la inversión?“, dice el funcionario.